En veremos reapertura del sector judicial en el Valle


Hoy, cuando se tiene programada la apertura judicial en todo el país, los trabajadores judiciales del Valle del Cauca rechazaron el reinicio de actividades anunciado por el Consejo Superior de la Judicatura y se oposieron al más reciente acuerdo, que determina el cierre de los edificios públicos, pero con atención excepcional o mediante cita previa, diferente a lo que se venía trabajando.

Así lo informó Diego Achinte, integrante de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de Rama Judicial, Asonal, quien aseguró que no están dadas las medidas las garantías de bioseguridad para los trabajadores.

“Se suponía que a partir del 1° (de julio) iba a haber un aforo del 20%, pero con lo que ha sucedido con la pandemia en Bogotá, Cali y Buenaventura se cambió de posición, ¿qué es lo preocupante? Que prácticamente le ordena a los trabajadores iniciar con los términos, pero al público no se le va a permitir el ingreso, entonces no es lógico que en plena pandemia, cuando Cali pasó entre sábado y domingo del 67% al 83% de ocupación de UCI, Buenaventura pasó prácticamente del 89 al 98% de ocupación en UCI, y que en el pico más alto, que todavía no ha llegado, le digan a los trabajadores judiciales que tenemos que venir a trabajar aquí físicamente, pero que al público se le diga que no porque ellos están hasta el 15 de julio con la cuarentena que declaró el presidente, entonces no es lógico, no es coherente, esa es la posición que tenemos nosotros”, dijo Achinte.

Para Achinte, en el papel la reactivación será hoy, pero las organizaciones sindicales se oponen a esa apertura de términos judiciales, ya que los edificios seguirán cerrados al público, “creemos que las condiciones no están dadas una apertura y mucho menos para obligar a los trabajadores a venir de manera presencial en esos casos”.

Según el Vicepresidente Asonal Judicial, la atención que la Fiscalía General y Medicina Legal sí acataron la orden presidencial y extendieron sus términos judiciales hasta el 15 de julio, distinta a la decisión que tomó el Consejo Superior.

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